Consumidores Asociados propone prohibir cobranzas judiciales durante emergencias o catástrofes

Categoría de nivel principal o raíz: Biblioteca Digital Categoría: Normativa Legal Publicado: Sábado, 20 Junio 2020 Escrito por Comunicaciones SEF

La iniciativa, que busca mitigar los problemas causados por situaciones excepcionales, consiste en prohibir la interposición de nuevas demandas de cobranza judicial durante los periodos de emergencia, catástrofe nacional o similares que, evidentemente, impliquen dificultades para que deudores de créditos cumplan con los pagos, sin afectar el derecho de los acreedores a interponerlas apenas termine la situación de excepcionalidad.

La propuesta de reforma, explicada por el Director del Servicio de Educación Financiera de Consumidores Asociados, Alejandro Pujá, consiste en una modificación a la ley 18.010, sobre operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero, en el sentido de agregar un nuevo inciso entre los dos finales del actual artículo 30, quedando como se señala con un nuevo inciso, en negritas:

"En aquellas operaciones de crédito de dinero cuyo capital sea igual o inferior a 200 unidades de fomento no podrá en caso alguno hacerse exigible la obligación en forma anticipada, sino una vez cumplidos sesenta días corridos desde que el deudor incurra en mora o simple retardo en el pago. Esta excepción también se aplicará a las operaciones de crédito de dinero que cuenten con garantía hipotecaria de vivienda cuyo capital sea igual o inferior a 2.000 unidades de fomento. Todo pacto en contravención a esta disposición se tendrá por no escrito.

Tampoco se podrá exigir la obligación en forma anticipada en todos los casos en que se haya decretado estado de excepción constitucional por causa de emergencia sanitaria, catástrofe o similar que, evidentemente, haya causado un perjuicio que afecte la capacidad de pago de los deudores.

Los derechos que en este artículo se establecen en favor del deudor, son irrenunciables".

Adicionalmente, se propone una modificación al monto de los créditos afectos a esta normativa, pasando de las actuales 200 UF, aproximadamente $5.741.772, a 500 UF, aproximadamente $14.354.430, en consideración es que es muy común que los deudores tengan créditos de consumo, avances y repactaciones por más de 200 UF. 

Como puede verse, el objeto de la propuesta es sólo reducir la angustia de los clientes que ya no verían sumarse una cobranza judicial a las dificultades emanadas de una emergencia sanitaria u otra catástrofe nacional.

Por su parte, los acreedores podrán interponer las acciones desde que cese el estado de excepción o su prórroga y no verán afectados su patrimonio, pues podrán alegar el cobro de intereses, como siempre, desde la mora y hasta el dia de pago efectivo. 

En ningún caso esta propuesta puede entenderse como un obstáculo para pagar total o parcialmente obligaciones, pues el que pueda y quiera hacerlo podrá pagar por los canales habituales.

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